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Para atender emergencias sociales

UGT exige crear un parque público de viviendas sociales en alquiler

El sindicato alerta de que el “desahucio exprés” incide sobre las personas más vulnerables que han tenido que acudir de manera desesperada a la ocupación de una vivienda como último recurso
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El pasado martes día 12 de junio, se publicó en el BOE una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000 de 7 de enero) que incide de manera importante en la ocupación de viviendas, reforma que comúnmente ha venido en llamarse el “desahucio exprés”, afectando por ello a aquellas personas que se encuentran en precario, ocupando una vivienda o parte de ella, perteneciente a una persona física, a una entidad sin ánimo de lucro o bien a un ente público



Se trata de la primera reforma legislativa que se aprueba en esta legislatura en materia de vivienda con el Gobierno del PP, aunque la firma de la norma sea del actual Presidente, Pedro Sánchez (como herencia recibida). Una Ley que instaura un procedimiento especial y sumario donde se acortan considerablemente los plazos, se tasan los motivos de oposición a la demanda y, en suma, se restringe notablemente el derecho de defensa y las posibilidades de atención social y de encontrar soluciones solidarias.


Entienden, desde UGT, que esta reforma no va a solucionar los problemas de las ocupaciones, "pues no va dirigida a atacar a las organizaciones delictivas que pudieran dedicarse a esto, sino que incide sobre las personas más vulnerables que han tenido que acudir de manera desesperada a la ocupación de una vivienda como último recurso".


SIN ALTERNATIVAS DE REALOJO


En definitiva, prosigue el sindicato, "sirve para desahuciar a personas y familias vulnerables, no ofreciendo ninguna alternativa de realojo y todo ello en un contexto social de inexistencia de un parque público de viviendas sociales, con un mercado del alquiler con precios cada vez más elevados y en donde se le hace recaer a la administración más cercana, los Ayuntamientos, asfixiados económicamente, el hecho de realojar a esas personas desahuciadas".


Es por ello que desde UGT "demandaremos al nuevo Gobierno una mayor sensibilidad social para con estas personas y familias que se ven abocadas a abandonar estas viviendas sin ofrecerles una solución habitacional y para ello le exigiremos unos mayores recursos públicos en vivienda en aras de ir conformando un parque público de viviendas sociales en alquiler para atender este tipo de emergencias sociales. Igualmente sería necesario reformas legislativas para poner al mismo nivel constitucional el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible".


UGT recuerda que "España ha sido condenada recientemente por el Comité de la ONU sobre derechos Económicos, Sociales y Culturales(Comunicación Nº 5/2015, que os adjuntamos), en materia de derechos humanos por haber sido violado el derecho de sus nacionales a una vivienda digna en un caso de desalojo, sin que las autoridades garantizasen una vivienda alternativa".

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